Edición 2015
Ya ha transcurrido un año desde que iniciamos con gran entusiasmo la desafiante tarea que implicaba poner en marcha este Anuario. Parecía en aquel entonces muy ambicioso pretender constituirnos en una publicación de referencia que, a la vez, generara un espacio especializado para reunir aportaciones académicas. Pero nos hemos esforzado por suscitar análisis, reflexiones sobre jurisprudencia y recoger propuestas que de alguna forma enriquezcan el debate sobre los temas de propiedad intelectual en nuestro país.
Obtuvimos una gran acogida con nuestro primer número, logrando el apoyo de todos los sectores relacionados con la materia a nivel nacional. El ANUDOPI ha llegado a universidades y organismos internacionales, llevando nuestro acervo jurídico a otras latitudes, lo que nos ha abierto puertas para lograr la incorporación de contribuciones internacionales que facilitan el estudio de la propiedad intelectual en el ámbito del derecho comparado.
En esta segunda edición fortalecimos nuestros aciertos y realizamos oportunas rectificaciones para cumplir con criterios que elevan la calidad de las publicaciones. Esto nos permite adherirnos a los catálogos utilizados para medir la calidad de las investigaciones científicas de los países. Con nuestra indexación, no solo logramos mayor difusión del Anuario, sino que estaríamos sumando al capital intelectual de la República Dominicana. Estos cambios implicaron la creación de un Consejo Editorial, un Comité Asesor y el desarrollo de una nómina de evaluadores externos a nuestra institución con vasta experiencia en los temas de propiedad industrial y de derechos de autor, con lo que cumplimos con el sistema de arbitraje para la selección y aprobación de los artículos.
El número que presentamos recoge ocho artículos agrupados en tres secciones: Estudios, Jurisprudencia seleccionada y comentada, y Actualidades. Se inicia con Pedro Féliz Montes de Oca, que aboga por una justa reparación de los daños morales a la personalidad del autor, que, dado su carácter subjetivo, puede resultar compleja de cuantificar. Le siguen Marcos Peña y Brenda Recio, quienes tratan sobre la aplicación del plazo de vigencia de las patentes en la República Dominicana, pues las solicitudes anteriores a la entrada en vigor del DR-CAFTA no podrán beneficiarse de la figura de la compensación. Orietta Blanco resalta la controversia creada al determinar qué tribunal es competente para resolver los recursos de apelación contra las resoluciones emitidas por el director de la ONAPI, y apoya una reforma legislativa que aclare las dudas que persisten sobre su competencia. Leticia Caminero, por su parte, aborda el tema de los videojuegos en el contexto de la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías. Desde Colombia, Zoraida Fonseca relata la experiencia colombiana en las solicitudes de marcas a nivel internacional después de la adhesión al Protocolo de Madrid, que permite un único registro y tiene efecto de inscripción en diversos países. Y, desde España, el profesor Pedro de Miguel Asensio nos ilustra sobre los aspectos internacionales del derecho de autor con referencia a la aplicación del Convenio de Berna y los Acuerdos ADPIC, a partir de la perspectiva europea.
Entre las distintas contribuciones destaca en este número la sección de Jurisprudencia seleccionada y comentada, asumida por Edwin Espinal, miembro de nuestro Consejo Editorial, quien proporciona una valiosa recopilación de sentencias caracterizadas por su relevancia en los aspectos normativos y procesales. Por último, en la sección de Actualidades, que recoge notas informativas breves, María del Pilar Troncoso escribe sobre la creación de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI) a propósito de su 50 aniversario. Aprovechamos para felicitarla, pues tomará posesión de la presidencia de esa entidad en este año, con lo que será la primera dominicana y la primera mujer que asuma esa posición.
Queremos agradecer a nuestros autores por compartir sus reflexiones fruto de sus experiencias e investigaciones. Al equipo de la Editorial Funglode, por el arduo trabajo de revisión que conlleva la edición del Anuario. A nuestros expertos, por sus atinadas sugerencias, y a nuestro Consejo Editorial por su compromiso, dedicación y apoyo incondicional. Finalmente, damos las gracias al principal autor, Dios, quien hizo al herrero «que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra» (Isaías 54:16). Como herreros, pretendemos soplar esa chispa para seguir inspirando obras que registren nuestra cultura jurídica.
De los temas que conforman la propiedad intelectual, vemos el derecho moral del autor como parte estructural que es del derecho de autor general, con la finalidad de concederle un espacio especial para su justa valoración dada la apatía que todavía hoy se cierne en su contra.
Los autores revisan la compensación del plazo de vigencia de patentes en el país y la posición actual sostenida por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) a la luz de los compromisos asumidos bajo el DR-CAFTA. Abordan asimismo el impacto que tendría una incorrecta aplicación de la figura de la compensación en la República Dominicana, sobre todo en el sector de la industria tecnológica y farmacéutica.
El cambio de criterio de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional sobre su competencia para resolver recursos contra resoluciones emitidas por el director de la ONAPI ha generado una controversia relevante en los últimos meses. Tanto la postura tradicional de interpretación literal de la Ley 20-00 como las que ha sostenido la jurisprudencia a raíz de la reciente reforma constitucional de 2010 pueden ser válidas y justificadas bajo el marco legal vigente. No obstante, al no haber legislación clara al respecto y estar sujetas a interpretaciones jurisprudenciales, nos encontramos ante una gran incertidumbre jurídica con relación al tema de la competencia sobre los tribunales competentes. Ante tal situación y la indudable relevancia práctica del mismo, es recomendable una reforma legislativa que regule de manera clara y específica la competencia de los tribunales.
El valor del videojuego se encuentra en sus elementos intangibles, protegibles a través de la propiedad intelectual. En nuestra legislación se pueden ubicar diversas figuras y tipos al amparo de los cuales se podría lograr una protección efectiva. Sin embargo, la implementación de una figura particular que responda a la realidad de su creación, desarrollo y comercialización puede ser la mejor herramienta para colaborar con su continuo crecimiento.
El uso del Protocolo de Madrid está directamente asociado a la frecuencia e intensidad con la que los empresarios de un país llevan a cabo negocios en el extranjero. Eso hace que sea un instrumento ideal para economías expandidas o en proceso de expansión. Sin embargo, se ha demostrado que en países en desarrollo como Colombia el Protocolo de Madrid no resulta ser un instrumento utilizado para proteger las marcas a nivel internacional.
Estudio de los presupuestos de aplicación de la legislación de propiedad intelectual, con especial referencia a su ámbito personal y la determinación de sus beneficiarios. Dicho ámbito se halla en gran medida condicionado por obligaciones derivadas de tratados internacionales, como el Convenio de Berna, el Acuerdo ADPIC y el Derecho de la Unión Europea, que son objeto de análisis específico.
El autor presenta un compendio de decisiones en materia de derecho de autor y propiedad industrial, como evidencia de la interpretación que sobre las leyes 20-00 y 65-00 vienen realizando tribunales e instancias administrativas de distintos grados en el país. La selección abarca pronunciamientos sobre aspectos tanto normativos como procesales a partir de una variada casuística.
La propiedad intelectual es fundamental para el desarrollo tecnológico y el crecimiento de la economía, razón por la cual los derechos sobre la misma han sido objeto de protección en los distintos países del mundo mediante la creación de legislaciones que regulan la materia. Inspirados en esos avances legales respecto de la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, así como en los fenómenos tecnológicos ocurridos en la época, un grupo de profesionales expertos en el área fundó hace 50 años, en México, la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI).
